Después de que el Comité Nacional de Seguridad en Salud declaró emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes debido al creciente número de muertes que provoca, la Alianza por la Saluda Alimentaria, la coalición ContraPESO y el Senador Armando Ríos Piter urgieron al Legislativo a destinar recursos suficientes para su prevención y el tratamiento.
Dicho anuncio, se aseguró, reitera la gravedad del problema y la necesidad de revisar las acciones realizadas durante los últimos años en materia de salud, así como la omisión de otras.
En tan solo 35 años, se precisó, las muertes por diabetes en México han crecido más de 500%, pasando de 14,500 en 1980 a 98,450 en 2015.
Más de 10 millones de mexicanos, mencionarion, sufren diabetes y se estima que 30% no sabe que tiene la enfermedad. Ante dicho panorama, el presupuesto asignado al sector salud para el 2017 resulta insuficiente y no refleja la urgencia de esta alerta sanitaria.
Se aseguró que desde hace 25 años reconocidos expertos en el área de nutrición ya advertían sobre la necesidad de actuar para evitar la epidemia de obesidad que hoy nos aqueja. Fue hace nueve años, que se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, donde se documentaba un incremento nunca antes visto de las cifras de obesidad. En 2010 se presentó el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA), como un intento por vincular el trabajo de las diferentes secretarías e instituciones relacionadas con la salud.
No obstante, se añadió, al final no se pudieron comprobar los resultados del Acuerdo, principalmente atribuidos a la falta de presupuesto. Asimismo, relataron, hace 5 años el relator especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Olivier de Shutter, invitado por el gobierno mexicano, recomendó declarar emergencia nacional por la epidemia de obesidad.
De ahí el interés de las organizaciones civiles por hacer un llamado a los senadores para pasar de la inacción a la acción a través de una política pública rectora —y por consiguiente de un programa presupuestario— para la prevención del sobrepeso y la obesidad.
A pesar de que se han llevado a cabo una serie de acciones como el impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos con alto contenido calórico, sigue pendiente garantizar la transparencia del uso de los recursos, así como fortalecer otras medidas de salud para enfrentar el problema.
El coordinador de la Coalición ContraPESO, Luis Manuel Encarnación, indicó que las medidas fiscales fueron un primer paso, pero necesitamos tener claridad y transparencia en el uso de los recursos. Es necesario fortalecer el impuesto, pero es tanto o más importante, fortalecer las políticas complementarias como el etiquetado de alimentos y la regulación de publicidad.
“Hoy, México requiere de una política de fondo, que enfrente fuertes intereses económicos, y que establezca regulaciones efectivas, basadas en la evidencia científica. Los intereses comerciales no pueden estar por encima de la salud de los mexicanos”, advirtió.
A decir de Federico Cortés de la consultora Probatio se debe transitar de un modelo de medidas reactivas a una política efectivamente preventiva. Para ello proponen la creación de un programa presupuestario específico que dé garantía de una verdadera política de estado, perdurable en el tiempo y resistente a los cambios sexenales de gobierno.
Finalmente, Fiorella Espinosa investigadora en salud alimentaria de El Poder del Consumidor mencionó que para enfrentar esta alerta epidemiológica el sistema de salud no puede solo, “se necesita de una política integral que involucre a todos los sectores, no sólo al sector salud y de educación, también al agrícola y económico. Se debe garantizar la producción y el acceso a alimentos saludables”.
